ANEXO La Falacia sobre la severidad de las penas en el derecho criminal

ANEXO

Modificaciones al Código Penal

Parte general

Art. 13     ley 25.892 (2004); Mayor exigencia de las condiciones para la obtención de la libertad condicional -35 años de cumplimiento de condena para penas perpetuas. Agregando para todas las penas exigencia de previo informe pericial que pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social, teniendo el juez la facultad de añadir a las exigencias cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el art. 27 bis.

Art. 14       ley 25.892 (2004); No se concederá libertad condicional a los reincidentes, ni en el caso de los arts. 80 inc. 7, 124 y 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo.

Art. 24         ley 24.390 (1994); Introducido para conciliar la normativa interna con los convenios internacionales adoptados por Argentina, fijando como límite máximo para estar sujeto a prisión preventiva un término acorde a las exigencias del standard internacional-en particular reglamentando el art. 7.5 de la CADH-. En 2001 fue modificada dicha ley por la 25.430 reglamentando los plazos según delitos y complejidad, a los efectos de la prórroga entre otros aspectos.

Art. 27 bis      ley 24.316 (1994); Estableció las reglas de conducta de la condena de ejecución condicional, que se mantuvieron sin modificaciones en los períodos posteriores. En tanto el art. 29 estableció las condiciones de reparación de perjuicios mantenidas hasta el presente.

La derogación de los arts. 36, 37, 38 y 39 obedeció a la sanción de legislación minoril especializada.

Art. 41 bis      ley 25.297 (2000); Se incorpora para agravar las penas de aquellos delitos cometidos con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de arma de fuego, cuando dicha circunstancia no está prevista en el tipo.

Art. 41 ter       ley 26.364 (2008); receptó las atenuaciones previstas en la figura del informante partícipe o encubridor de los delitos previstos en los arts. 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 con responsabilidad penal inferior a los sujetos que identificase.

Art. 41 quater    ley 25.767 (2003); Incorporó una agravante para los sujetos mayores que hubiesen participado en cualquier delito previsto por el código con intervención de menores de 18 años de edad.

Art. 41 quinquies    ley 26.734 (2011); agravó los delitos cometidos para aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organizaciones internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Art. 55         ley 25.928 (2004); endureció las reglas del concurso delictual al fijar como límite a la suma de penas máximas de los delitos involucrados 50 años de reclusión o prisión (anteriormente 25 o 30).

Art. 67           ley 25.990 (2005); respondió a la necesidad de desambiguar la expresión “secuela de juicio” que había dado lugar a interpretaciones variables.

Art. 76 bis        ley 24.316 (1994);incorpora un instituto novedoso en ese entonces para la legislación argentina, al facultar la solicitud de suspensión de juicio a prueba para los delitos de acción pública reprimidos con reclusión o prisión que no exceda de 3 años. Con sus reglas y excepciones-art. 76 ter y 76 quater- implicó un aggiornamiento de la legislación penal.

Parte especial

Art. 80 inc. 8          ley 25.601 (2002);incorpora la figura agravada para imponer reclusión o prisión perpetua –pudiendo aplicarse medida de seguridad del art. 52- al que matare a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.

Art. 80 inc. 9          ley 25.816 (2003);agravó la pena paa quien matare abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o servicio penitenciario.

Art. 80 inc. 1          ley 26.791 (2012);agravó el homicidio de ex cónyuge o persona con la que hubiese mantenido relación de pareja.

Art. 80 inc. 4           ley 26.791 (2012); agravó el homicidio cometido por odio de género u orientación sexual, identidad de género o su expresión.

Art. 80 inc. 11        ley 26.791 (2012); agravó el homicidio cuando la víctima es mujer y el homicidio fuere cometido por un hombre mediando violencia de género.

Art. 80 inc. 12        ley 26.791 (2002); agrava el homicidio cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o mantuvo relación en los términos del inc.1.

Art. 81 inc. 2  ley 24.410 (1995);fue derogado el infanticidio por una actualización, pues quedó subsumido en el homicidio, con la concordante actualización del art. 107.

Art. 84            ley 25.189 (1999);se agravó la penalidad.

Art. 94           ley 25.189 (1999);impuso mayor pena en la figura simple de las lesiones culposas.

Art. 106            ley 24.410 (1995);aumentó las penas en el abandono de persona.

*(Los arts. 109 al 117 se ocupan de los delitos de instancia privada calumnias e injurias, sin relevancia para este análisis).

Art. 118            ley 24.453 (1995);actualización, derogando el adulterio.

       

Art. 119             ley 25.087 (1999); distinguió diversas figuras ampliando el espectro anterior, actualizándose el art. 120 y derogándose los tres artículos subsiguientes por desactualizados.

Art. 124               ley 25.893 (2004);agravó a reclusión o prisión perpetua la pena en caso de muerte de la víctima de los delitos sexuales.

Art. 125         ley 25.087 (1999);agravó la pena de corrupción de menores de 12 años.

Art. 125 bis           ley 25.087 (1999); agravó la pena de prostitución de menores. Ley 26.842 (2012) redujo el máximo, eliminando la distinción. 

Art. 127 bis            ley 26.842 (2012);agravó la penalidad para la explotación sexual. En 2008 fue sancionada legislación específica sobre trata de personas que derogó los subsiguientes artículos y modificó en concordancia el art. 128.

Art. 130               ley 25.087 (2003); actualizó su redacción en 1999 y 2003.

Art. 131                     ley 26.904 (2013); actualización

Incorporando la figura del uso de tecnología para contactar menores con propósito de cometer delitos contra su integridad sexual.  En el año 2012 se eliminó el avenimiento enter víctima e imputado.

Arts. 138 y 139              ley 24.410 (1995); agravó penas por delitos contra el estado civil de las personas incorporando figuras con el 139 bis.

Art. 140              ley 24.410 (1995)ley 26.842 (2012); agravó la pena en 2012 y amplió figuras típicas.

Art. 142 bis              ley 25.742 (2003); elevó el mínimo de pena del secuestro extorsivo cuando el autor logra el propósito, agregando otros supuestos agravados por la condición de la víctima y en 2008 (ley 26.394) incorporó agravantes vinculadas a la persona del autor.

Art. 142 ter              ley 26.679 (2011); fue incorporado para casos de privación de libertad cometidos por funcionarios públicos o personas que actuaren con apoyo o aquiescencia del Estado.

Art. 145 bis               ley 26.364 (2008); se incorporó sancionando captación, transporte y traslado de personas mayores de edad para su explotación. En 2012 (ley 26.842) se agravó la pena aunque medie consentimiento de la víctima.

Art. 145 ter                 ley 26.364 (2008); agravó respecto de menores víctimas.

Art. 146                  ley 24.410 (1995) agravó pena de la sustracción de menor.

Art. 148 bis             ley 26.847 (2013); incorpora la figura de la explotación laboral infantil.

Art. 153                ley. 26.388 (2008); actualización y agrava cuando el autor es funcionario público, incorporando la inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Incorpora el art. 153 bis penando a quienes accedieren sin debida autorización o excediendo la concedida, a un sistema o dato informático de acceso restringido, agravando la misma para los sistemas de organismos públicos o proveedores de servicios públicos o financieros. Incorpora la figura del art. 157 bis.

Art. 163           modificado en 1987,1988 y 1996 agravando supuestos siendo el último por ley 25.890 (2004).

Art. 163 bis         ley 25.816 (2003); agravó las figuras para miembros de fuerzas de seguridad.

Art. 166          ley 25.882 (2004); previó la figura agravada específica del robo cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada o con arma de utilería con una penalidad intermedia (por lo tanto ya no se subsumía en la figura del robo simple).

Art. 167 bis        ley 25.816 (2003); se incorporó para agravar los robos cometidos por miembros de fuerzas de seguridad.

Art. 167 ter        ley 25.890 (2004); previó específicamente la figura del abigeato con un mínimo de pena más alto que la del anterior 163 que lo contenía, y agravantes, incorporándose el 167 quater y quinquies con más figuras y agravantes.

Art. 170             ley 27.742 (2003); agravó las penas incluyendo reclusión o prisión perpetua cuando se causare intencionalmente la muerte de la víctima del secuestro extorsivo.

Art. 173               leyes 24.441 (1995)25.930 (2004) 26.388 (2008); se agregaron figuras.

Art. 174                  ley 25.062 (2002); agregó figuras típicas.

Art. 181                 ley 24.454 (1995); se agravó la usurpación de inmuebles.

Arts. 183 y 184               ley 26.388 (2008); agregó la figura de daño informático.

Art. 189                     ley 25.189 (1999); elevó el máximo de la pena del incendio o estrago culposo con riesgo de vida.

Art. 189 bis                 ley 25.086 (1999) y 25.886 (2004)            ;agregó la figura de portación ilegítima de arma de uso civil o civil condicionado en 1999. En 2004 agregó diversos supuestos tipificando la tenencia de arma de fuego de uso civil, la adulteración o supresión del número de identificación del arma y entre otros incorporó al agravante para quien registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con uso de armas y para quien se encontrase gozando de excarcelación o exención de prisión y portare arma de fuego.

Art. 193 bis                   ley 23.362 (2008); incorporado para quienes intervienen en pruebas de velocidad o destreza de vehículos sin autorización creando situación de peligro para la vida e integridad física de las personas.

Art. 196                  ley 25.189 (1999); agravó la pena para el descarrilamiento o naufragio culposo.

Arts. 200 al 204 quinquies     ley 26.524 (2009); subsumió conductas más específicas e incorporó nuevas figuras, debido a delitos vinculados a la comercialización de medicamentos oncológicos adulterados por parte de organizaciones delictivas que provocaron la muerte de pacientes.

Art. 206            ley 15.890 (2004); agravó las penas para infracciones a las leyes de policía sanitaria animal.

Arts. 213 ter y quater          ley 26.734 (2011); derogó estos artículos por incorporación de nuevo título al C.P:, “delitos contra el orden económico y financiero” que abarca los arts. 303 al 313 que agregaron figuras específicas sancionando actividades vinculadas al terrorismo, contemplándose el accionar del 213 ter como agravante general en el art. 41 quinquies del C.P.

Las modificaciones a los arts. 219 y sgtes., el 246 párrafo final, 249 bis, 250 bis, 252, 253 bis y 253 ter de 2008 refieren al ámbito militar, sin incidencia en la delincuencia ordinaria aquí analizada.

Art. 247               ley 24.527 (1995); agravó la pena por ejercicio ilegal de una profesión o usurpación de títulos.

Art. 248                ley 25.173 (1999); incorporó la figura del funcionario que dicta o ejecuta órdenes o resoluciones contrarias a la constitución o leyes.

Art. 248 bis                 ley 25.890 (2004); incorporó la figura del funcionario que omite fiscalizar actividades, productos de origen animal y establecimientos de esa área.

Art. 256 y 256 bis      ley 25.188 (1999); incorporó y agravó respectivamente figuras de cohecho.

Art. 258 y 258 bis         ley 25.825 (2003); nuevas figuras y agravamiento de mínimo de pena.

Art. 265                 ley. 25.188 (1999); cambió la pena de inhabilitación especial temporal a perpetua.

Art. 266              ley 25.188 (1999); elevó el máximo de la pena de prisión.

Art. 268 (2) y 268 (3)     ley 25.188 (1999); agregó omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas.

Art. 277                ley 25.246 (2000) ley 25.185 (2003) agregó figuras vinculadas al lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento.

Art. 277 bis y 277 ter      ley 25.890 (2004); nuevas figuras para funcionarios públicos en relación al abigeato.

Art. 278           sufrió varias modificaciones hasta su derogación ley 25.346 (2011) por ley específica sobre lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Idem art. 279.

Art. 281 bis             ley 23.487 (1987); agregado para prever la nueva figura de quebrantamiento de inhabilitación impuesta judicialmente.

Art. 285                  ley 25.930 (2004); amplió supuestos.

Art. 292             ley 24.410 (1995); abarcó supuestos específicos de adulteración, refiriéndose a los certificados de parto y nacimiento.

Art. 293 bis             ley 25.890 (2004); nueva figura culposa para funcionarios públicos sobre expedición de guías y documentación de ganado.

Art. 298 bis                  ley 24.760 (1997); amplió supuestos.

Arts. 303 al 313             ley 26.683 (2011); agregó figuras para sancionar delitos contra el orden económico y financiero.

Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires (ley 11.922)

Entre los institutos procesales con incidencia en el tema destaca la excarcelación. Varios de los delitos que vieron agravados los mínimos y algunos máximos de sus escalas penales en las reformas detalladas “ut supra” se convirtieron por ello en no excarcelables.

Art. 169           ley 12.059 (1997); modificó el operador deóntico “deberá” ser excarcelado por “podrá” convirtiendo en facultad del juez la procedencia de la excarcelación en las condiciones fijadas en el artículo.

La ley que sigue en importancia es la 13.449 (1997) que introdujo la actual redacción agregando la ley 13.943 a los incisos 6 y 10 libertad asistida. La ley 14.128 (2010) modificó el inciso 2 y agregó el 11.

Art. 171              ley 13.449 estableció que en ningún caso se concederá la excarcelación, cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, lo que podrá inferirse de las circunstancias previstas en el art. 148.

Art. 189                 ley 13.260 (2004); incorporó el art. 5 y el párrafo final agregando que también se revocará la excarcelación cuando se dictare veredicto condenatorio y se dieran las condiciones del último párrafo del art. 371, disponiendo el juez o tribunal la inmediata detención, que sólo podrá ser revisada conjuntamente con la sentencia de condena.

En cuanto a la prisión domiciliaria –art. 159- regulada como alternativa a la prisión preventiva, originariamente era más amplia en cuanto a los sujetos alcanzados, en tanto con al reforma de la ley 13.943 (2009) sólo abarca a imputados mayores de 70 años o que padecen enfermedad incurable en período terminal, mujeres en estado de gravidez o con hijos menores de 5 años (siempre que el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio pudiera evitarse).

Código Procesal Penal de la Nación

En dicho código el régimen de excarcelación previsto en el art. 317 no sufrió modificaciones, tampoco el 314 y 502 que regulan la prisión domiciliaria siguiendo lo establecido en el art. 10 del C.P., ni el art. 506 y sgtes., que se ocupan de la libertad condicional, ni el art. 503 que rige la condena de ejecución condicional.

De tal modo no se verifican en este ordenamiento variaciones normativas que puedan influir en la situación analizada.

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Los procesos lógicos en la valoración de las pruebas Publicado en La Ley 1998

Los procesos lógicos en la valoración de la pruebas

La Salvia, Iris Edith

Publicado en: LA LEY 1998-E , 1106  • LLP 1999, 25, cita Online: AR/DOC/5831/2001

Sumario: SUMARIO: I. Evolución histórica de los medios probatorios y sus criterios de valoración. -- II. La verdad material en el proceso penal. -- III. Posibles fuentes de error en el razonamiento probatorio. -- IV. El descenso de la teoría a la realidad (La jurisprudencia ante los casos de errores lógicos en materia probatoria). -- V. Los procesos lógicos en la síntesis y valoración final de las pruebas. -- VI. Conclusiones.

"Los razonamientos, como los hombres, a menudo son hipócritas".

Platón.

Es tal la verdad que encierra la precitada sentencia del gran filósofo griego, que no puede válidamente abordarse el estudio de la prueba en el proceso criminal, sin efectuar una seria reflexión sobre el arte de pensar con acierto en el ámbito de la práctica judicial. Deberíamos partir, a tal fin, de la consideración de las diferentes etapas que en su evolución ha presentado el sistema probatorio penal, a fin de poder determinar en cada caso los límites y el material ofrecido al juzgador para desarrollar su delicada labor.

I. Evolución histórica de los medios probatorios y sus criterios de valoración

Los autores han distinguido, al menos, cinco fases en la evolución del sistema probatorio y en la del sistema penal.

Así, Ferri, señala una primera fase denominada "étnica", típica de las sociedades primitivas, donde las pruebas quedaban abandonadas al empirismo de las impresiones personales y cuya forma típica de procedimiento estaba constituida por el delito flagrante. Luego surgió la fase "religiosa" o mística, en que se invocaba el juicio de Dios, utilizándose las ordalías, probanzas que, al decir de Tarde, constituían "las peritaciones divino-legales del pasado". En ellas se veía una consecuencia de la creencia arraigada en el pueblo "que la voz de Dios concluye por descubrir la verdad y ayudar a la buena causa".

Se arribó a la tercera fase llamada "legal", en la cual la ley fijaba los medios de prueba y el grado de fuerza probatoria de cada uno de ellos, distinguiendo entre "probato plena et semiplena", considerándose durante esta etapa a la confesión como la "reina de las pruebas", de tal manera que su obtención se realizaba a toda costa, incluyendo la tortura y el tormento. Este sistema, sin embargo, significó un progreso histórico, como bien señala Framarino de Malatesta, pues implicó el abandono del método bárbaro anteriormente descripto.

Del antiguo sistema de las "pruebas legales" en el que se encomendaba al legislador fijar por anticipado el valor de las probanzas todavía pueden encontrarse vestigios en los códigos modernos (para ello no debemos ir lejos, pues el Código de Procedimientos en Materia Penal, en su art. 366, disponía ..." la detención se convertirá en prisión preventiva, cuando medien conjuntamente estos requisitos":1 Que esté justificada, cuando menos por una "prueba semiplena", la existencia de un delito... En tanto el Código de Procedimiento Penal de la República de Chile, en el Título IV, seg. parte del Libro Segundo, que trata "De la Prueba y de la manera de apreciarla" contiene referencias dirigidas al juez sobre el modo de evaluar los distintos medios probatorios que nos recuerdan el sistema de las pruebas legales, por supuesto con las atenuaciones propias de los tiempos actuales. Así, verbigracia, el art. 456 bis del citado Código chileno se refiere a los medios de "prueba legal" admitidos, en tanto el art. 459 señala que "la declaración de dos testigos hábiles contestes... y no contradicha por otros igualmente hábiles, podrá ser estimada por los tribunales como demostración suficiente de que ha existido el hecho..." mientras que el art. 472 establece: "el dictamen de dos peritos perfectamente acordes, que afirmen con seguridad la existencia de un hecho que han observado o deducido con arreglo a los principios de la ciencia, arte u oficio que profesan, podrá ser considerado como prueba suficiente de la existencia de aquel hecho, si dicho dictamen no estuviere contradicho por el de otros peritos", también otros artículos como el 476 y 477 hacen mención a la "prueba completa". Similares vestigios existen aún en el derecho anglosajón y francés. Igual origen presenta el sistema de tachas legales en materia testimonial, que empleaba nuestro antiguo Código de Procedimientos y de subsistencia en algunas legislaciones actuales". Gorphe considera también una supervivencia de ese formalismo la fuerza probatoria que las normas procesales modernas confieren a las actas de los funcionarios públicos --en cuanto a los hechos materiales que prueban--, que hacen fe hasta que sean redargüidas de falsedad y crítica que se las equipare a los documentos civiles, pues estos últimos constituyen un título otorgado por el acuerdo de las partes. Propicia al respecto que se admita la prueba en contrario por cualquier medio, pues se trata siempre de la prueba de simples hechos.

En este sistema de las pruebas legales el juez no infiere por sí el valor de la prueba directamente examinada, individualmente considerada, sino del precepto legal que le atribuye por adelantado un valor especial. Ello por supuesto, turba la naturalidad del convencimiento del juez, al ser una influencia que se le impone desde fuera.

En general, en la actualidad se admite que el legislador solo intervenga para excluir los medios de prueba inconvenientes o peligrosos en ciertos casos, es decir en materia de admisibilidad, pero se le prohíbe delinear un método, pues esto escapa a sus atribuciones, que deben quedar en el marco del aspecto procedimental o formal de los principios de la prueba.

La cuarta fase suele denominarse "sentimental", en ella el juez aprecia libremente las pruebas de acuerdo con su íntima convicción --este sistema es moderno y se instituye en función del jurado--.

Llegamos así a la quinta y última fase, la "científica", que los autores indican como del porvenir, de la cual actualmente sólo vemos algunas manifestaciones y en la que la prueba es proporcionada por la labor pericial, que además de establecer los hechos delictivos, intenta explicarlos de modo metódico, mediante resultados experimentales. No se trata en esta fase, aclaran los autores, de reemplazar a los jueces por peritos --ya que cada uno debe cumplir su función propia dentro del proceso--, sino de perfeccionar el arte probatorio con base en conclusiones científicas.

Además de los resabios del mentado sistema de las pruebas legales, caracterizado como se observó por convertir la convicción de juez en algo susceptible de lograrse mediante un sistema aritmético de sumas o restas, con acentuación del aspecto deductivo del razonamiento judicial a fin de garantizar el funcionamiento previsible de los tribunales, subordinándolos al poder legislativo, con una visión estática y legalista del derecho-- en la actualidad los sistemas de valoración probatoria que se imponen son los basados en la "libre convicción" y la "sana crítica".

Couture definía al método de la "libre convicción" como aquel en el cual el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad "con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aún contra la prueba de autos". En realidad siempre se les encomienda a los jueces apreciar libremente la prueba con sujeción a principios que eviten la arbitrariedad. No puede realizarse una valoración contraria a la justicia, a la razón, las leyes o al sentido común, basada sólo en la voluntad o capricho del juez. La "sana crítica" exige un proceso lógico de razonamiento, debiendo el juez explicar dicho proceso sobre la base de los principios de la lógica y las máximas de experiencia.

Devis Echandía considera que la distinción entre la sana crítica y la libre convicción resulta errónea, pues sólo existen dos formas de apreciar la prueba: fija el valor el legislador o lo establece libremente el juez. La mayor o menor motivación de la sentencia no justifica, a su entender, la inclusión de un tercer sistema.

Como puede apreciarse, en cada etapa, el conjunto de cuestiones de hecho que constituyen la apreciación de las pruebas representa la misma problemática, aunque rodeada de un marco diferente, según la visión propia de cada período.

En esencia, en cualquier tiempo que sea, se trata siempre de la ardua tarea de reducir la arbitrariedad, la incertidumbre y el error en la labor judicial. A tal fin el método racional que integra la lógica con la psicología y la experiencia, resulta el mas apropiado, toda vez que el juzgador no es un autómata, sino un ser humano que valora, ateniéndose a las pautas objetivas correspondientes a dichas disciplinas. Todo ello en la medida en que el método lógico, --indispensable para asegurar la corrección de los razonamientos empleados, al permitir extraer consecuencias de los elementos de prueba establecidos--, resultaría harto insuficiente para efectuar la valoración de los mismos si lo aplicáramos tal como a una ciencia exacta. La ciencia jurídica no se agota con la deducción, sino que depende asimismo en gran medida del manejo del saber experiencial y del método inductivo propio de éste. Tampoco quedará excluida la "intuición" en dicha tarea, pero combinada con el pensamiento crítico y experimental, que permitirá emplearla con mayor utilidad y menor riesgo de desembocar en la fantasía, como bien señala en su obra F. Gorphe. El mismo autor indica, que la abolición de las pruebas legales, --estimadas artificiosas y molestas-- llevó a confiar con entusiasmo en el veredicto del sentido común, quizás de modo exagerado. Citando a Tarde refiere que surgió una "superstición" de la época, consistente en "la fe optimista en la infalibilidad de la razón individual, del sentido común y del instinto natural". Así, se consideraba a la "prueba moral" o por el jurado, como "la revelación presunta de lo verdadero por la conciencia no iluminada y no razonadora". Sin embargo, entregada a sí misma, --sigue diciendo el autor-- la simple convicción, como la evidencia, se encuentra muy expuesta a incurrir en la intuición afectiva y su fuerza no sirve de garantía. "La libre convicción, no entraña el juzgar por sentimiento o impresiones, sin una valuación analítica y cuidadosa de los hechos y de las pruebas". Fundar sus fallos, obliga al juez a razonar su opinión y la posibilidad de un recurso lo incita a establecer su resolución sobre base bien firme

El jurado, en cambio, señala Gorphe, "resuelve con soberano arbitrio su veredicto, en nombre de una convicción subjetiva sin prueba... Sin embargo, su libertad soberana no lo dispensa del trabajo preliminar de reflexión y razonamiento impuesto a la conciencia de todo juez, aunque sea popular".

Se considera que resulta generalmente tal difícil imponer un método racional a los jueces populares, improvisados y temporales por naturaleza, que esto constituye el defecto fundamental de esa institución. Es por ello que se acepta la mayor reglamentación en materia probatoria que presenta el derecho anglosajón, pues se orienta al jurado profano, excluyendo las pruebas susceptibles de inducirlos a error. En una concepción racional de la justicia y las pruebas, el convencimiento que implica la decisión, debe ser la resultante lógica de un examen analítico de los hechos y de una apreciación crítica de los elementos de prueba. Pasa así, del estado de simple creencia subjetiva al de un verdadero conocimiento objetivo, comunicable y fiscalizable.

Es evidente que nos resulta poco confiable el juez que afirma la culpabilidad de un imputado declarándose convencido por mera inspiración del sentimiento, sin obedecer a ningún precepto jurídico, basado en lo que Carrara denomina la "convicción autocrática". En tanto ofrece mayor confiabilidad el método del juez que después de haber declarado que existe culpabilidad, consigna para la posteridad y para los revisores contemporáneos y futuros las razones por las cuales se declara convencido de tal culpabilidad del sujeto. Así se forma lo que el maestro toscano denomina "convicción razonada", justificada según los preceptos de la ley y la crítica jurídica. Nos parece válido, por considerarla una síntesis espléndida de nuestras aspiraciones en este tema, hacer una cita textual del gran jurista, cuando en la página 235 de su Programa expresa... "Dadnos, pues, un magistrado que exponga la razón de por qué cree en la culpabilidad del acusado; dadnos una crítica legal y una ciencia que nos mantenga como el dios Brahma, encerrada en un santuario, invisible, impenetrable, indiscutible, in -criticable en sus oráculos, sino que muestre sus espléndidas formas (susceptibles de revisión) al juicio ajeno, y entonces renunciaremos tranquilos a las impresiones vírgenes del corazón; pero mientras se nos quiera dejar en la duda acerca de si el oráculo de la convicción procede de una sabiduría que debemos presumir sin ver sus pruebas, o más bien, de una costumbre oficial que sí vemos, sentimos y tocamos, permítasenos desear que se conserve la vanguardia de la libertad".

Aun en ciertos sistemas basados en la íntima convicción se exigía a los jueces que en sus sentencias dieran cuenta minuciosa de cada una de las pruebas que los habían dejado convencidos, tanto del hecho principal como de las especiales circunstancias agravantes o atenuantes afirmadas por ellos. De tal modo, los jueces permanecen bajo la vigilancia de la ciencia.

Por supuesto, que todos los autores reconocen que la lógica sola no resulta suficiente, que resultaría vano intentar someter a una disciplina científica el "arte" esencialmente práctico, plagado de matices, en que consiste el administrar justicia, pero debe tenderse a darle directrices racionales, inspiradas en modernos métodos científicos, a fin de reducir la porción del empirismo incierto y del subjetivismo arbitrario que pueden afectarlo.

Resulta claro que las reglas de procedimiento deben basarse en la ciencia, pero las condiciones prácticas del proceso siempre imponen consideraciones restrictivas, desconocidas en la teorización. Por ello, no necesariamente deben coincidir plenamente y cada principio deberá ser sometido a la evaluación de las circunstancias concretas de cada proceso, para determinar si resulta conveniente o no.

Incluso las ópticas divergen en razón de la etapa procesal en la cual deban valorarse los elementos probatorios. Así, en el caso del juez de instrucción, su labor es doble, al ocuparse tanto de buscar las pruebas como de apreciarlas. En tanto la tarea del tribunal que deberá sentenciar, consiste esencialmente en comprobar y apreciar, aunque en su actividad, pueda eventualmente ordenar la producción de nuevas pruebas --v. gr. las medidas para mejor proveer--, de manera accesoria. Antes existía cierta propensión a creer que las etapas iniciales del proceso estaban reservadas a reunir probanzas y que recién en las etapas posteriores esa prueba sería apreciada. Pero la vida real no es tan complaciente como para facilitar tanto el escrutinio científico pudiendo apreciarse que las cosas suceden de otro modo. Si bien al comienzo la aportación del material ocupará el primer plano, desde el mismo principio habrá que comenzar también a valorar ese material. La colección de probanzas y la apreciación de la prueba se inician por ende, juntas en las etapas tempranas de la pesquisa --la construcción sistemática tendrá que ajustarse a esa realidad--. Puede observarse que las mismas reflexiones que preceden a la citación de un testigo o al requerimiento de una peritación, contienen elementos intelectivos que son casi una "apreciación anticipada" de la prueba, que tampoco está ausente en el acto mismo de recibir declaración al testigo, en el cual la primera observación de éste permite al juzgador recoger percepciones importantes que valora de inmediato instintivamente y aprovecha para el averiguamiento. Por tal motivo no pueden escindirse totalmente la práctica de la prueba y la apreciación de la misma. A lo sumo podremos decir que difiere el carácter de la apreciación efectuada en cada etapa, resultando la correspondiente a la etapa inicial una "apreciación provisoria" en tanto la que se efectuará en las postrimerías del juicio constituirá una "apreciación definitiva".

La primera, por su propia naturaleza, presentará cierta endeblez, debido al material exiguo con que se cuenta y a la posibilidad de ulteriores consecuencias inesperadas. Es que mientras el proceso no esté concluido, estará sujeto a constante cambio, debiendo el juez reanalizar periódicamente el estado de las pruebas. Al añadirse hechos nuevos el cuadro de conjunto cambia a cada paso, obligando a volver a apreciarlo constantemente, incluso cuando pese a no haberse agregado nuevos elementos, el cuadro cobra otro cariz debido a una labor puramente mental del operante. Por ejemplo, cuando el juzgador advierte tras una reflexión más detenida, el carácter indiciario hasta ese momento oculto de alguna circunstancia determinada o la transformación del panorama global, debido a la nueva combinación de distintos elementos probatorios. Es por eso que resulta apropiada la concepción de James Goldschmidt sobre la dinámica del proceso, al entenderlo como una "sucesión de situaciones jurídicas", a las cuales caracteriza como meros puntos de transición, teniendo algo de inacabado y falto de base propia. Todo ello cobrará su debida importancia en vista al resultado final del procedimiento que ellas preparan.

Cualquiera sea la etapa y en todos lo casos, como señala Planiol, el juez sólo puede ir formando su convicción en el proceso de tres formas:

1- Comprobando por sí mismo los hechos materiales (ej. inspección ocular). "Conocimiento Directo";

2- mediante el razonamiento, al deducir de hechos conocidos --"indicios"-- aquellos hechos desconocidos o discutidos. "Conocimiento Indirecto", correspondiente a la llamada prueba indirecta o de presunciones'

3- remitiéndose a la declaración de otro (testimonio, informe pericial, confesión del acusado). Otra variante de "Conocimiento Indirecto".

En el caso 1- se llega al descubrimiento de la verdad mediante conocimiento directo por percepción o intuición sensible, basado en la evidencia, sin necesidad de recurrir a procesos lógicos complejos.

En los casos 2 y 3- tratándose de conocimiento indirecto, comprenden una inferencia, en un caso basada en indicios, en el otro en una aseveración ajena.

Si bien en nuestros días se da preferencia a los procedimientos más objetivos, --que el espíritu científico ha acreditado--, en rigor, todos los medios de prueba se compenetran y resultan complementarios, desde que los propios elementos de prueba, en la realidad, se presentan mezclados. Debe reconocerse, sin embargo, que la inferencia (que procede de lo general a lo particular), constituye el modo de razonamiento más usual en materia probatoria, siendo generalmente en serie, de modo que cada nueva inferencia parte de la conclusión precedente y a su vez puede ser discutida o dar lugar a nuevas dudas.

"Inferir" es extraer una conclusión de una o más premisas. Así, la inferencia, constituye un proceso por el cual se llega a una proposición, afirmándola, sobre la base de otras proposiciones aceptadas como punto de partida del proceso. Todo ello encadenado en base al "razonamiento", formado por un grupo de proposiciones tal que, de una de ellas se afirma es la derivación de las otras, consideradas elementos de juicio a favor de la verdad de la primera.

Los razonamientos se dividen así en "deductivos" e "inductivos", no siendo contestes los autores al señalar sus respectivas características definitorias. En general, se afirma que en la "deducción" inferimos verdades particulares a partir de verdades generales, pudiendo ser dichos razonamientos válidos o inválidos.

En la inducción, se señala, inferimos verdades generales de verdades particulares, y dichos razonamientos sólo nos ofrecen distintos grados de verosimilitud o probabilidad.

Irving Copi considera que esta tradicional distinción no es adecuada, y propone la siguiente: En el "razonamiento deductivo": la conclusión se desprende de sus premisas con absoluta necesidad, no dependiendo de otra cosa.

El "razonamiento inductivo" en tanto: presenta una conclusión que sigue a sus premisas sólo con alguna probabilidad, siendo cuestión de grado y dependiendo de otras cosas.

Así, si agregamos proposiciones independientes a un razonamiento de tipo deductivo, la conclusión no resultará afectada.

En cambio, si a un razonamiento de tipo inductivo hacemos el mismos agregado, su conclusión puede verse afectada en más o en menos en cuanto a su probabilidad.

Recordar estos conceptos pertenecientes a la Lógica resulta indispensable, si deseamos recorrer el camino adecuado que debe seguir el juzgador al apreciar y valorar los elementos que se le ofrecen en un caso concreto para arribar en él a una decisión satisfactoria desde el punto de vista de la verdad real que moviliza al proceso penal. Toda vez que la Lógica, como disciplina, constituye el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el buen razonamiento (correcto) del malo (incorrecto), resulta obvio que abrevar en sus fuentes constituye una condición indispensable para no dejarse seducir por los razonamientos a que alude la cita de Platón que figura en el acápite del presente trabajo.

Entre dichos razonamientos seductores, aunque erróneos, ocupan un lugar importante las falacias, razonamientos que aunque incorrectos, resultan psicológicamente persuasivos, motivo por el cual se convierten en peligrosas trampas a la razón.

A modo ilustrativo puede pasarse rápida revista a los distintos tipos de falacia, resultando las más comunes: 1- Falacias de Atinencia: en las cuales el razonamiento carece de atinencia lógica, pudiendo citarse entre ellas: Apelación a la fuerza; argumentos "ad hominem ofensivo y circunstancial", que se dirigen al interlocutor, desautorizándolo por su condición, envenenando la fuente; "ad ignorantiam" en esta clase de falacia se intenta probar por la negativa, el ejemplo típico es la expresión "deben existir los fantasmas, porque nadie ha podido nunca demostrar lo contrario", debe señalarse al respecto que la excepción la constituye precisamente el juicio criminal en virtud de los principios que rigen en cuanto a la carga de la prueba y las garantías individuales, como el principio de inocencia; "ad misericordiam o llamado a la piedad", "ad populum" que justifica por el hecho de ser "aceptado por todas"; apelación a la autoridad" muy utilizado en doctrina y ciencia; "de accidente", que aplica a una excepción la regla general, "de generalización apresurada" o de accidente inverso; "de la causa falsa", error de tomar como causa algo que es meramente concomitante; "petición de principio" el que toma como premisa de su razonamiento la misma conclusión que pretende probar; "pregunta compleja", da por supuesta una pregunta anterior no formulada, capciosa, ej. ¿dónde guardó lo que robó?; "falacia de conclusión inatinente" o ignoratio elenchí, concluye algo diferente a lo que parecía probar, por ej. intentar demostrar lo horrible que es el homicidio en lugar de probar la culpabilidad del reo. Este tipo de falacia se utiliza mucho en los juicios por jurados norteamericanos, en los cuales se trata de impresionar al jurado popular, al juez que no es técnico llegando a tal instancia en virtud de una menor regulación en este aspecto que presenta dicho procedimiento, a diferencia del inglés que selecciona con reglas de admisibilidad las pruebas, apaciguando los debates, otorgando a las audiencias una atmósfera de calma y dignidad al mantener los debates concretados a los hechos positivos, sin desviarse hacia consideraciones de sentimentalismo o moralidad. 2- Falacias de ambigüedad: en la que se usan frases o palabras con varios significados que se van cambiando en el curso del razonamiento: "el equívoco", emplea términos relativos, realizando un juego de palabras, ej: el fin de una cosa es su perfección, la muerte es el fin de la vida, por ende, la muerte es la perfección de la vida (aquí se mezclan e intercambian los significados de la palabra "fin" como finalidad u objetivo y como "último suceso"). "Anfibología": se trata de oraciones ambiguas que se introducen en el razonamiento por estar estructuradas torpe o confusamente, típicas formas de presentación de los casos criminales en los diarios, ej: "un granjero se saltó la tapa de los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con un revólver"; "de énfasis", "cambia el significado al destacar o recalcar alguna parte, también típica de los periódicos, que suelen emplear letras grandes para destacar la parte más impactante", al estilo "Revolución en Francia ...temen las autoridades". "Falacia de Composición" a partir de las propiedades de las partes, se las extiende indebidamente al todo. "Falacia de división" inversa a la anterior, considera lo que es cierto para el todo como aplicable a cada parte.

Las tres leyes del Pensamiento, por su parte, resultan de absoluta aplicación en nuestro ámbito, ellas son; Principio de Identidad ("si un enunciado es verdadero, entonces es verdadero"). Principio de Contradicción ("ningún enunciado puede ser verdadero y falso") y Principio del Tercero Excluido ("un enunciado o es verdadero o es falso").

Así, por ejemplo en una investigación criminal, dos hipótesis diferentes e incompatibles acerca de la identidad del autor pueden adecuarse igualmente a los hechos conocidos, pero no pueden ser ambas verdaderas, el problema consiste en juzgarlas y elegir entre ellas la correcta.

Todo pensar reflexivo, tanto el que conforma la investigación científica como la criminal, constituye una actividad tendiente a la resolución de problemas. Habitualmente los datos iniciales de la investigación resultan escasos para sugerir una explicación satisfactoria por sí mismos, no obstante pueden insinuar al investigador competente una hipótesis preliminar que lo conduzca a la búsqueda de hechos adicionales que contribuyan a la solución del caso. En alguna etapa de la investigación parece contarse con todos los datos o hechos necesarios para la solución. Entonces, la reflexión, si tiene éxito, da como resultado una hipótesis que explica todos los datos, tanto los originales como los adicionales que fueron surgiendo. En ese "descubrimiento" del pensamiento convergen imaginación, intuición y conocimiento.

Alguna vez se sugirió que en este tipo de investigaciones operaría una especie de razonamiento "hacia atrás". En efecto, estamos en presencia de un resultado; una muerte violenta, por caso, si investigamos un homicidio, a partir de ese resultado debemos elaborar cuáles fueron los pasos que llegaron a producirlo.

La deducción desempeña entonces su papel en la investigación, pues de una hipótesis apropiada deben deducirse hechos adicionales, siendo la aplicación la tarea esencial en este tipo de investigaciones.

Un crimen por resolver implica no solamente la necesidad de explicar los hechos, sino la necesidad de determinar su autor y someterlo a proceso, haciendo aplicación de la teoría. Pues, como señala Carrara, el juicio criminal pone en contacto con seres vivos y sensibles la palabra de la ley criminal que prohíbe y castiga. La prohibición sería una fantasía si no la siguiera la sanción y ésta sería una quimera si no la siguiera el juicio con la subsiguiente ejecución efectiva de la sentencia.

Pero también dentro de ese proceso debe mantenerse el equilibrio entre las "necesidades de la política", a saber, la defensa de los ciudadanos contra las agresiones de los culpables y los "deberes de la justicia"; consistentes en la protección de la inocencia contra la agresión que significan acusaciones erróneas y las condenas precipitadas sobre argumentos falaces, que engendran un sentimiento de peligro más pavoroso aún que la impunidad de un culpable.

Así reconocemos que en sentido "objetivo" (exteriormente considerado, como conjunto de hechos materiales que preparan el juicio intelectual) el juicio está sometido a las reglas de la lógica y más especialmente a las de la "lógica judicial", una doctrina de la razón --crítica--. Pero también el juicio "subjetivo" está sometido a principios de razón absoluta, que señalan cómo ciertas formas y condiciones deben admitirse, otras rechazarse, en tanto algunas otras pueden indiferentemente ser admitidas o rechazadas. Carrara enseña que los principios absolutos de la razón elevan al procedimiento al grado de doctrina científica, no pudiendo prescindir de ellos ni el legislador al ordenar el procedimiento penal, ni los jueces al aplicarlo. Es por eso que aunque algunas formas del juicio puedan variar con los tiempos y costumbres, otras son invariables, porque el juicio penal no es un mero instrumento de la política, sino un instrumento indispensable para que el fallo acerca de la acusación no traspase los límites de la justicia. Al ser puesto al servicio de un fin absoluto debe subordinarse a principios absolutos que no pueden ser conculcados sin ofender a la justicia, si el legislador se aparta de ellos cae en la tiranía, si el juez se aleja de los mismos, cae en abusos de autoridad.

En el desarrollo del juicio criminal, que tiene como fin inmediato el descubrimiento de la verdad, podemos encontrarnos frente a un hecho concreto, en distintos estados que pueden ser ignorancia (ausencia de todo conocimiento), duda (igualdad de motivos para el conocimiento afirmativo que para el negativo), probabilidad (imperio del conocimiento afirmativo) y certeza (triunfo del conocimiento afirmativo). Todo aquello que sirva para hacernos progresar desde el primero al último de estos estados se denomina "prueba", que resulta el modo de manifestación de la fuente objetiva que es la verdad. Es que el avance progresivo del proceso está directamente condicionado a la eficacia del material probatorio obtenido, del cual se infieren las razones para ir superando los diferentes grados del conocimiento en relación al objeto de la causa, y el paso de la simple sospecha fundante de una convocatoria a indagatoria, a la probabilidad de participación de los encartados en el hecho y su verificación histórica, suponen en el juzgador haber reunido elementos que autoricen ese avance en la dirección indicada. Es allí donde la "presunción de inocencia" como principio de garantía individual, arraigada en nuestros sistemas modernos, se enlaza con la lógica general de las pruebas, que integrando así la "ciencia de la prueba", proporciona los principios básicos, alejándonos de artificiosas reglas del procedimiento.

Esclarecer la cuestión de hecho es tan importante como esclarecer la de derecho, y en rigor, resulta más frecuente que las dificultades del proceso no las presente la dilucidación del aspecto jurídico, sino las dudas existentes en torno a los hechos objeto de investigación. Ese esclarecimiento encierra un riesgo considerable de error y los medios que el juzgador tiene a su alcance siempre resultan insuficientes para auxiliarlo. La ley, por ejemplo, contiene sólo pocos preceptos sobre cómo practicar la prueba, en tanto en el campo de su valoración suele establecer principios amplios como la libre apreciación, y ello es bueno, de acuerdo a la evolución que el pensamiento en materia procesal ha demostrado en su devenir histórico, aunque parezca entrañar cierta orfandad para el juez. La jurisprudencia, por su parte, nunca llega a crear un verdadero sistema que oriente la labor judicial, en virtud de su necesario carácter casuístico. Por todo ello, una ayuda eficaz en torno a la obtención de la certeza necesaria para resolver un hecho criminal sólo puede brindarla hoy día la ciencia, cuya misión es tornar dominable la vasta materia mediante una labor analítica fundada en principios.

Carrara distinguía la "certeza metafísica" (procedente exclusivamente del raciocinio), "certeza física" (procedente de los sentidos corporales) y la "certeza moral" (procedente de testimonios ajenos). Aunque en diferente terminología se asemeja a la distinción del conocimiento directo e indirecto obtenido por el juez en el proceso señalado por Planiol.

Advierte Carrara que en las tres puede darse el error, sin embargo en la certeza "metafísica" el mismo es causado por algún vicio lógico. Este sería el susceptible de ser erradicado en base a la correcta aplicación de las reglas de la lógica.

En la certeza "física" obtenida por el juez, puede agregarse como causal de error la ilusión o alucinación de los sentidos, en tanto en la denominada certeza "moral" o histórica, se agrega la mentira del que atestigua, a pesar de ello es el tipo de certeza más asequible en el proceso criminal.

Si como afirma Francesco Carrara: "La teoría acerca del juicio es el lazo de unión entre la razón pura y la razón práctica de las doctrinas penales", advertimos la relevancia de la lógica en nuestro ámbito y al repasarlo, advertimos que en el razonamiento judicial en el aspecto probatorio, las formas comunes del razonamiento, la deducción y la inducción se combinan constantemente y son enteramente aplicables.

La deducción, permitiendo extraer consecuencias de una proposición conocida o supuesta (se realizan así las demostraciones por silogismos).

La inducción: en tanto posibilita generalizar los resultados obtenidos a partir de ciertos datos probados (a los descubrimientos, por ejemplo, se llega generalmente mediante la inducción).

Ello es así, toda vez que los hechos no resultan tan simples como los principios lógicos, de modo que en la práctica se razona prevalentemente de forma inductiva empírica. La forma deductiva, en tanto, resulta útil para hacer resaltar los puntos débiles de una inferencia, al obligarnos a formular con precisión la proporción sobre la cual está basada dicha inferencia.

Un tipo de razonamiento inductivo muy utilizado en el ámbito procesal es el razonamiento por "analogía". Cuando se analiza un precedente, se traza una analogía entre dos o más entidades, indicando que uno o más aspectos de ellas son similares. Estos razonamientos analógicos pueden estimarse sobre la base de la mayor o menor probabilidad con que establecen sus conclusiones, siendo decisivo el carácter "atinente" del ejemplo excogitado. Por supuesto que en el ámbito de la probabilidad nos manejamos con un conocimiento parcial y una ignorancia parcial, de modo que sus resultados no poseen la certeza absoluta, pero ningún abogado desconoce los grandes beneficios que reporta este tipo de razonamiento (en las materias en que no está expresamente prohibido, por supuesto), a la hora de seguir el curso reflexivo de un determinado tribunal respecto de ciertas materias o al momento de extender las soluciones previstas en la ley a los casos no legislados, actuando tal como lo habría hecho el legislador si hubiese podido considerar el caso concreto traído a decisión, supliendo de este modo el defecto propio del carácter general de las fórmulas legales.

La razón fundamental por la cual sucede lo anteriormente apuntado, es que la mayoría de los principios o reglas que pueden extraerse no pueden entrañar una validez absoluta, desde que están fundadas en presupuestos sociales y psicológicos difíciles de estimar. Entonces, un principio probatorio para ser aprovechable, no puede abarcar nunca todas las eventualidades, debiendo partir de determinados presupuestos típicos y desestimar las peculiaridades que se dan más raramente. Aquel que al enunciar un principio rector, quisiera dar cabida a todas las configuraciones imaginables del asunto, tendrá que recargarlo con tantas reservas, limitaciones y excepciones que en vez de ayudar al esclarecimiento, sólo crearía confusión e inseguridad. Toda regla tiene que simplificar, no pudiendo ser aplicada automáticamente, sino mediante un examen personal que hará el juzgador para apreciar si no median factores especiales que le quiten validez en el caso examinado.

Pero no debe pensarse que el juzgador queda librado a la buena voluntad de Dios para tan difícil tarea, no es así, pues esos mismos principios aportados por un conocimiento racional, no le ofrecerán soluciones hechas, pero le señalarán el camino hacia la solución correcta del caso. Así, con la ayuda de una regla general le resultará más fácil hallar el rumbo seguro que si tuviera que confiar exclusivamente en su experiencia y en su instinto

II. La verdad material en el proceso penal

Es común la referencia que distingue como objetos de los procesos penal y civil a la búsqueda de la verdad material y formal, que respectivamente se produciría en cada uno de ellos. Esto nos obliga a reflexionar en torno a qué es aquello que tan denodadamente tratamos de descubrir en el proceso penal y que tanto temor infunde cuando no se obtiene en virtud de apartamientos o yerros en la lógica judicial.

Sabemos que hablar de la búsqueda de la "verdad" constituye todo un tema, incluso en el propio ámbito de la Ciencia, donde no siempre resultan concordantes los conceptos de verdad que se esgrimen en las discusiones. Reconocemos distintos significados atribuidos a dicho concepto cuando nos referimos, por ejemplo, a la verdad que pudieron encerrar los mitos antiguos, o al grado de veracidad que les atribuían los pueblos que afirmaban sobre ellos su visión del mundo. Aceptamos que existen distintos conceptos de verdad, cuya diferenciación parece abismal al compararlos con nuestros propios conceptos, lo cual nos resulta natural. Sin embargo, nos produce cierto asombro advertir que la idea de verdad que campea en el ámbito científico no resulta en modo alguno uniforme y por el contrario, produce serias discusiones entre los científicos.

Se duda incluso que la idea de verdad propia del sentido común, sea suficiente para dar sentido a la afirmación de que la verdad es la "finalidad" de la ciencia. Algunos autores admiten que desde el punto de vista de la teoría de la verdad como correspondencia, la meta ideal de cualquier rama del saber científico será la "verdad absoluta u objetiva", en tanto correcta descripción de aquel aspecto del mundo del que se ocupa esa rama concreta de la ciencia. Sin embargo, el modo en que en la Ciencia se alcanza esa verdad no resulta tan fácil de definir, Popper considera que nos vamos "aproximando" a ella de manera progresiva, de modo que las teorías de la mecánica cuántica o de Einstein están más próximas a la verdad que las teorías de Galileo o Newton, aunque en el futuro también las teorías de la física cuántica y la relatividad serán reemplazadas por otras mejores. Popper intentó así, dar un sentido a la aproximación a la verdad o "verosimilitud", a medida que una ciencia progresa, la verosimilitud de sus teorías aumenta ininterrumpidamente. Es como si sólo pudiéramos alcanzar la verdad a través de un continuo ensayar explicaciones, que vamos reemplazando en la medida en que advertimos su insuficiencia.

Para otros autores no hay un concepto de verdad que esté a la altura del intento de describir a la ciencia como una búsqueda de la verdad debiendo juzgarse a cada área del conocimiento por sus propios méritos, investigando sus fines y el grado en que es capaz de cumplirlos.

Esta diversidad de criterios acerca de la verdad, que en ciencia separa a los relativistas de los objetivistas, racionalistas, instrumentalistas, etc., y que en definitiva se vincula con los grandes problemas de la gnoseología, no debe producir tan terrible conmoción en el ámbito de nuestra ciencia procesal, en parte porque nuestra tarea es un tanto más sencilla debido a su propia naturaleza. En efecto, no se trata aquí de dar razón acerca del modo en que funciona el universo y predecir los fenómenos en base a leyes presuntamente existentes. Nuestra tarea es más parecida, si se quiere, a la del historiador, que intenta reconstruir un hecho producido en un pasado algo nebuloso. También nosotros tratamos de reconstruir un hecho en gran parte desconocido, cobijado bajo el manto del tiempo que transcurre en contra de nuestros esfuerzos, eliminando rastros, confundiendo las imágenes y los acontecimientos en la mente de los testigos y apremiándonos para decidir, nada menos que acerca de la libertad de un hombre. Pero esa misma naturaleza del objeto de investigación en el proceso penal torna más sencillo el definir qué tipo de verdad buscamos en él. Buscamos, no puede ser de otra manera, la verdad de lo sucedido, la verdad "histórica", tenemos una verdad objetiva a la que aferramos en la búsqueda, no nos conformamos con la formalidad o apariencia de una verdad, porque precisamente están en juego valores tan grandes como la vida y la libertad de los hombres, que no admiten tales entelequias. El fin supremo del procedimiento judicial penal es la averiguación del delito, en su individualidad subjetiva y objetiva. Todo el procedimiento penal en cuanto a la reunión de las pruebas tiene importancia en virtud de la "certeza" alcanzada o no alcanzada, como estado de conocimiento respecto del delito.

El proceso penal se estructura entonces al efecto de lograr la verdad completa, para ello como señala Döhring, "la determinación del estado de los hechos en el proceso tiene que partir siempre de la base de que, en principio, es posible captar la verdad". El mismo autor menciona el enorme rechazo que produjeron las concepciones que consideraban que la indagación procesal de los hechos no tenía por meta la verdad material. Es así, que las constataciones meramente aparentes enfrentan hoy un escepticismo general y en la propia Ciencia aparece un interés de investigar el "estado de los hechos". El objeto de todos los empeños son entonces los "hechos", ciertos hechos de cuya existencia el legislador ha hecho depender la producción de una consecuencia jurídica, o circunstancias fácticas no integrantes de una hipótesis legalmente normada, que no obstante, permiten deducir la existencia de otros hechos que constituyen, por su parte, una característica legal de una hipótesis (indicios).

En el ámbito penal se discute acerca de una "realidad efectuada", pasada, no futura. A tal punto que no son válidas las consultas que en abstracto pretendan dirigirse a los tribunales acerca de hechos aún no producidos y así lo han señalado reiteradamente los distintos tribunales de los que se ha pretendido obtener el tratamiento de cuestiones abstractas.

Framarino, en la obra ya citada, refiere que la "certeza" referida al hecho criminal, desde el punto de vista objetivo se confunde con verdad, "es la verdad en cuanto está seguramente percibida". Rechaza la idea sustentada por otros tratadistas, de considerar a la certeza en materia criminal como mera probabilidad, pues resultaría absurdo, según sus palabras, admitir una sentencia que condenara a un hombre a tal pena, porque "probablemente" ha cometido tal delito. Es evidente la razón que asiste a dicho autor, pues una condena sólo puede tener la certeza como fundamento, no alcanzando la probabilidad ni la duda, ante la cual el magistrado deberá absolver. Sin embargo, como señala el autor referenciado, en materia criminal la probabilidad es el camino que con más frecuencia nos conduce a la certeza. Se comienza por la probabilidad, y luego rechazando los motivos que nos inducen o no creer, se pasa a la certeza, por ello no debemos rechazar los servicios que nos brinda la probabilidad, pero no debemos nunca confundirla con la certeza.

Hoy en la búsqueda de esa verdad material, --que significará certeza en el ánimo del juzgador--, se espera que la averiguación se valga de todos los medios lícitos que puedan servir de algún modo a su esclarecimiento. (Piénsese en la amplitud probatoria de nuestro propio ordenamiento procesal al respecto, consagrada en su art. 206). Se fue liberando así, de trabas formales al investigador, al comienzo por la misma práctica judicial, que llevó a los tribunales a efectuar una interpretación restrictiva de las normas que se tenían por trabas injustificadas a la comprobación del estado de los hechos, consagrando excepciones a las restricciones en materia testimonial, tal como lo hicieron la jurisprudencia alemana y la francesa, entre otras. Pero también se fue acentuando el deseo de captar en su plenitud lo que ha acontecido, de avanzar hasta llegar a la verdad objetiva, lo que produjo a su vez, un impulso importante para mejorar los medios de investigación. Las ciencias naturales, por ejemplo, con sus refinados procedimientos actuales de investigación, posibilitan que el esclarecimiento de una causa se practique cada vez en mayor medida con la ayuda de indicios técnicos, los que considerados en su conjunto, permiten a menudo conclusiones muy seguras. Así, la prueba indiciaria que antiguamente fue tan poco estimada, al punto de considerarla inferior, adquiere hoy día un perfil distinto gracias al avance de técnicas y métodos propios del conocimiento científico que iluminan ese, hasta hace poco, desconocido terreno. Es esa una enorme colaboración prestada por otras ramas del conocimiento al derecho procesal penal, pues en el ámbito de este último, es donde más comúnmente abundan los meros indicios como únicos exponentes de una verdad aún por descubrir. El hecho indiciario, por supuesto, cobra valor en conexión con la regla experiencial y la conclusión derivada, de modo que alcanza su total plenitud probatoria por obra de la labor mental del juzgador, que amalgamándolo con los demás elementos necesarios, le da la forma de una prueba indiciaria en la cual pueda descansarse. Una vez más apreciamos la importancia de habernos detenido a reflexionar sobre los procesos lógicos que debe desarrollar el juzgador en relación a la prueba.

Cuando nos referimos al concepto de verdad que se pretende alcanzar en el juicio criminal y tratamos los alcances de ese mismo concepto en Ciencia, pudimos comprobar que existen también otros puntos de conexidad entre la ciencia y nuestra materia. En efecto, no sólo por todos los puntos de relación reseñados en los párrafos inmediatamente precedentes, sino por otros que se relacionan específicamente con el método empleado. Detengámonos, por ejemplo, en el empleo de hipótesis que frecuentemente realizan los científicos a fin de guiar el curso de su investigación. A través del tiempo pudimos comprobar la evolución del conocimiento científico en virtud del establecimiento de diversas teorías que sólo llegaron a imponerse por verificaciones sucesivas, pero que se iniciaron como meras hipótesis de trabajo pergeñadas por el investigador como brújulas de sus esfuerzos investigativos. También en el campo de la investigación criminal el investigador utiliza una hipótesis como guía para poder desarrollar su trabajo, y lo hace aún desde el comienzo.

En efecto, se requiere desde el principio una cierta visión de conjunto para que las pocas circunstancias y elementos conocidos formen un todo homogéneo que tenga sentido. En cada aspecto que resulte dudoso se partirá de una base, la que resulte más verosímil en ese estado de la investigación, por supuesto, aunque todavía no se haya constatado efectivamente. Las posteriores comprobaciones de esa suposición la corroborarán hasta conducir a la certeza. La hipótesis nos brinda así una utilidad máxima, guiándonos en el desarrollo de nuestra labor de investigación judicial. Por supuesto que como toda suposición tiene sus riesgos, siempre resultará posible que la realidad pueda ser distinta a la explicación intentada, pero también allí jugará su papel el análisis lógico de los elementos arrimados al proceso en relación con la hipótesis que intenta darles explicación. La actitud del juzgador deberá ser crítica, para ser lo suficientemente receptiva hasta considerar los nuevos hechos contradictorios de la hipótesis de trabajo, pero firme para seguir la investigación en el curso de la explicación intentada, a fin de comprobar si responde al verdadero estado de los hechos. Así, el convencimiento que implica finalmente la decisión, debe ser la resultante lógica de un examen analítico de los hechos y de una apreciación crítica de los elementos de prueba.

Todo ello requerirá una vez más del empleo de la deducción y la inducción para extraer las consecuencias posibles de los elementos arrimados en el curso del proceso.

III. Posibles fuentes de error en el razonamiento probatorio

Francesco Carrara señala en su Programa de Derecho Criminal, que "los errores judiciales son comunes a todos los sistemas --como lo demuestra la historia-- e inevitables en todo ordenamiento humano".

En virtud de ello, debemos analizar con cuidado las principales causales de error, a fin de operar su reducción a niveles óptimos. La eliminación de los errores y la indagación de la verdad son dos aspectos de la misma tarea, uno positivo y el otro negativo. En la crítica judicial los elementos de prueba se irán filtrando, rechazándose los que resultan inciertos, haciéndose la depuración cada vez más fina, hasta que subsista una sola hipótesis con fuerza suficiente que no entrañe dudas. Excluyendo la duda y eliminando el error se llega así a la certidumbre. Quienes han profundizado en el estudio del tema advierten que la historia de los errores judiciales se enlaza siempre con la misma causa profunda: una falta o un defecto de método.

Notamos que en el curso del razonamiento probatorio los errores pueden deslizarse:

En la misma base o premisas de las cuales se parte, en virtud del riesgo de omitir una de las causas o descuidar una oportunidad de acción contraria, olvidando que los hechos entrañan más de una interpretación. Este es el caso que tratamos al referimos a las hipótesis de investigación, cuando el juzgador se aferra celosamente a la hipótesis elaborada, despreciando los hechos que la contradicen y que, muchas veces, pueden ser los verdaderos hilos conductores hacia la demostración correcta de cómo sucedieron las cosas en torno a ese hecho criminal.

Ello mismo puede conducir al error en la conclusión, la que al obtenerse de la hipótesis elegida, conlleva el vicio junto con el de la propia hipótesis mal seleccionada. Uno de los puntos importantes, por ende, será el de elegir la explicación adecuada, luego de haber examinado las diversas hipótesis imaginables. La exactitud dependerá, en gran medida, como ocurre en el ámbito de la ciencia, de la profundidad del examen sobre las condiciones en las cuales han sido efectuadas las observaciones. Así, el peligro particular de la inferencia inductiva, reside en la posibilidad de otras explicaciones del hecho (ej. resulta común en los casos criminales orientar con exclusividad la pesquisa hacia un sujeto determinado, descartando la hipótesis del tercero ignorado, que muchas veces ni siquiera es tomada en cuenta, lo que puede resultar peligroso debido a una actitud limitada en su enfoque). La explicación elegida deberá ser la más admisible o natural. Entre la tesis y la antítesis representadas por la acusación y defensa, pueden hallarse representadas las explicaciones más probables del hecho. El debate contribuirá a poner en una zona iluminada los elementos que hubiesen quedado ocultos en otra etapa y así el juez podrá colocar en la balanza las argumentos en pro y contra para llegar a su decisión.

Señalan los autores que lo esencial del método lógico para el examen de las pruebas consiste en analizar con cuidado las inferencias propuestas en cada caso, a fin de comprobar si subsisten lagunas. En la práctica, ese análisis, según la síntesis efectuada por J. Wigmore, comprenderá diversas operaciones, a saber:

1- Comenzar por fijar con precisión lo ofrecido o propuesto como prueba y enfrentarlo con lo que haya de ser probado. Vale decir, no perder de vista la relación prueba-hecho, a fin de no perder nunca de vista el hecho esencial, objeto de investigación, a fin de saber cuáles son las medidas probatorias adecuadas para comprobarlo. (Aunque parezca obvia esta operación, en la práctica muchas veces no se da, ya sea por tecnicismo o dificultad de la materia, --como suele suceder en las causas relacionadas con delitos ambientales, donde es necesario tener en cuenta el hecho típico investigado para poder saber perfectamente qué tipo de análisis químicos deberán ser ordenados-- o debido a la complejidad de la causa, que dispersa los hilos investigativos confundiendo la dirección del proceso).

2- Deben considerarse luego las demás posibilidades lógicas de descargo, para explicar la inferencia en cada una de sus etapas y estimar si alguna de ellas es más acertada que la del cargo (ej. un sujeto sospechoso desaparece sin dejar señas, luego del hecho criminal. Una de las posibilidades es que se haya profugado por ser autor del ilícito, pero no deben descartarse otras posibles causas, tales como tener otras ocupaciones que no han trascendido, motivos vinculados a su vida sentimental o bien tratar de evitar sus acreedores).

3- Por último deberán analizarse todos los efectos del conjunto de los hechos probatorios, lo que rebasa el estudio de cada hecho aislado, aunque no signifique nuevas reglas de razonamiento.

El curso del razonamiento señalado nos demuestra que este método lógico de la investigación criminal, constituye más un "medio de comprobación" que de descubrimiento, lo que se relaciona, como señaláramos párrafos atrás, con la similitud del método histórico y con el hecho de estar ante un hecho pasado, que debe ser constatado en todas sus circunstancias tal y como sucedió. Pero para avanzar en la investigación del caso hay que construir; se construye mediante hipótesis, con ayuda de la intuición y de la imaginación racional, verificando que el sistema en su análisis pueda ser remontado a los principios.

Nos referíamos párrafos atrás a la utilidad del razonamiento por "analogía", también denominado "inducción de asimilación". Este tipo de razonamiento permite concluir por simple semejanza, de forma tal que de una semejanza entre ciertos puntos se infiere un parecido entre otros. Es un método que permite obtener rápidas ventajas de una experiencia anterior y aunque no se atiene a una rigurosa lógica y conduce a un grado menor de certeza, es un medio lógico aplicable en todos aquellos casos donde la insuficiencia de pruebas indiciarias no permite razonar inductivamente. De allí que debamos rescatar su utilidad entre los medios lógicos a disposición de la práctica judicial.

Consideramos oportuno señalar que la lógica jurídica no debe identificarse exclusivamente con el concepto de la lógica formal clásica, por ello incluimos entre los razonamientos judiciales el correspondiente a la analogía, toda vez que la actividad jurisdiccional presenta la consideración de valores como la justicia, la seguridad, la equidad, entre otros, los cuales se incorporan al razonamiento, determinado que la resultante no sea una consecuencia exclusiva de las premisas que lo preceden, al estilo de los silogismos puros, harto conocidos.

Es por eso que las formas de razonamiento jurídico son más amplias, y que las reglas de su lógica específica deben sumarse a las máximas de experiencia y a las del sentido común.

La sentencia constituye un silogismo, pero no lógico sino dialéctico. La lógica formal parte de premisas que son axiomas, verdades, en tanto la dialéctica o lógica "no formal" se edifica sobre opiniones que a su vez son apuntaladas sobre argumentos. Así, Perelmann habla de la "lógica de la argumentación jurídica" y es que al realizar la sentencia se aventuran hipótesis en la fase inicial del razonamiento, que trascienden los límites de la lógica formal.

IV. El descenso de la teoría a la realidad (La jurisprudencia ante los casos de errores lógicos en materia probatoria)

Todos los casos académicos imaginados por los tratadistas en materia de error judicial nos invitan a la reflexión y al esfuerzo por evitar que algún día se plasmen en nuestra realidad judicial. No ignoramos lo afirmado por Carrara respecto del carácter inevitable que tales errores conllevan en todo ordenamiento humano, sin embargo, advertir su existencia, en un caso concreto nos provoca siempre un cierto estremecimiento. ¿Qué sucede en tales casos, cuando se comprueba el deslizamiento de un error judicial en una sentencia?

La respuesta la tiene la jurisprudencia:...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció, que si bien las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba no constituyen materia propia de los recursos extraordinarios --que se limitan al conocimiento de cuestiones de derecho-- cuando se han infringido las reglas de la sana crítica en su valoración, debe admitirse la revisión de la apreciación de la prueba por vía extraordinaria, lo que efectuó a través de la "doctrina de la arbitrariedad". Citaremos algunos casos:

Así, nuestro Máximo Tribunal afirmó, en fallo dictado el 8/2/94 "in re": "Delzzar S.A. v. Marimón Importadora y Exportadora S.A." (J.A. 1997-3-Indice 47, sum. 3):” ...Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a circunstancias comprobadas de la causa". En tanto en otros casos afirmó...:"...Es descalificable como acto jurisdiccional el fallo que incurre en una evidente autocontradicción entre los considerandos y la parte dispositiva". CSJN, 26/4/94, "Perrota, Luis v. Pensa, Eduardo" (JA, 1997-3-Indice 48, sum. 20);”…Es descalificable el pronunciamiento si la cita de doctrina y jurisprudencia excluyente de la eximente de responsabilidad prevista por el art. 34 inc. 6º del Cód. Procesal sin relacionarlas con los hechos probados en la causa, no alcanza para considerar fundado el fallo". CSJN, 24/5/94, "Marino de González, Adriana v. Mordacci de Alonso, María" (JA, 1997-3-Indice 54, sum. 63); “...Si bien el tribunal de casación no puede modificar las conclusiones de hecho a las que ha llegado el tribunal de mérito mediante el estudio de las pruebas, ello no lo exime de dar los fundamentos autónomos de su decisión, en relación a las circunstancias de la causa..." CSJN, 24/5/94, "Marino de González, Adriana v. Mordacci de Alonso, María" (JA, 1997-3-Indice 48, sum. 15); “ …Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de nulidad de la renuncia al cargo de apoderados a comisión de la comuna por haber sido prestada por el vicio de intimidación, si la prueba se interpretó con un criterio rigorista, desvirtuando la eficacia, que según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios". CSJN, 26/4/94, "Peltzer, Carlos v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (JA, 1997-3-Indice 47, sum. 11).

Esta breve mención resulta, no obstante, muy significativa al ofrecernos ejemplos de aplicaciones concretas de los conceptos que teóricamente se han repasado en lo precedente, demostrándose su efectiva aplicabilidad.

Hacia el final del presente trabajo deberemos ocuparnos de la delicada labor final, aquella que permitirá insertar una a una las piezas del rompecabezas judicial, para extraer la conclusión que pondrá fin al proceso. En efecto, luego del empleo de todos los modos de razonamiento al alcance, el juzgador deberá efectuar la síntesis, valorando la totalidad de las probanzas arrimadas al proceso, el "plexo probatorio" o como lo definen los juristas ingleses la "masa de pruebas" y aquí viene a desarrollar el razonamiento su última y consagratoria labor...

V. Los procesos lógicos en la síntesis y valoración final de las pruebas

Todo elemento de prueba tiende a producir una creencia o una duda. La conclusión sólo podrá ser válidamente formada luego de haberlos considerado a todos en una totalidad hermenéutica probatoria. Será preciso para ello no omitir ninguno de sus aspectos parciales, no estimarlos con exceso, ni juzgarlos despreciables, a fin de lograr que la conclusión resulte digna de fe y la convicción conforme a los hechos. El peligro, como señalan los autores, reside en que la creencia es puramente mental por tanto su exactitud depende de una representación correcta y completa de la formación de aquellos hechos. Así, en esta etapa, habrá que coordinar en forma definitiva los diversos elementos que se han ido ofreciendo ante el juzgador sucesivamente. Se procederá entonces a enlazar todos los elementos pertinentes en un conjunto sintético, con coherencia, concluyente, de forma tal que permita extraer una conclusión en uno u otro sentido, debiendo en caso de duda favorecer al acusado.

Aquí advertimos que no existe un método lógico suficiente para valorar las pruebas, que el examen judicial de las mismas sólo se asimila a las investigaciones científicas en relación a las peritaciones sobre puntos determinados, pero que está muy lejos de ellas en otros campos. Notamos, asimismo, que se requiere un método crítico de conjunto para apreciar un resultado verdaderamente significativo, que se aplicará de manera diferente a cada medio de prueba, --conforme a su naturaleza específica-- pero que deberá ser, al mismo tiempo, lo bastante general como para referirse a la totalidad, y lo suficientemente sistemático como para demostrar las relaciones entre todos los elementos obrantes. Ese método para ser adecuado, deberá tener a un tiempo carácter analítico y sintético, progresando a través de este doble movimiento, el descubrimiento de los detalles se irá esclareciendo por una visión de conjunto, constantemente experimentada y en caso necesario, modificada al contacto con la realidad, a medida que ésta vaya siendo conocida. Hará falta la reconstrucción hipotética, debiendo emplearse una hipótesis verosímil y conformada a los datos bien probados. Hans Gross recomienda considerar el caso como "un conjunto sistemático y reconstruir uno mismo los hechos, a medida que se va avanzando... hace falta deducir del examen del hecho, cómo se ha producido, cuáles han sido sus móviles y qué clase de gente ha participado en él". Será, esencialmente, un método "crítico", basado en una actitud de desconfianza y duda provisional, tal como la que presenta el hombre de ciencia. Tal crítica, por supuesto, debe ser entendida en sentido positivo, destinada a la búsqueda de la verdad, no en el sentido otorgado a su acepción peyorativa.

Cada elemento de prueba se apoya en mayor o menor grado en los demás --hasta la confesión requiere ser convalidada en la sede penal-- y el conjunto dará la prueba sintética y definitiva sobre la cual se efectuará la reconstrucción de los hechos. De los vínculos entre las pruebas nacerá la conclusión. Cuando las pruebas se hallan en desacuerdo, por más buenas que resulten aisladamente, nada se ha avanzado, Ellero afirma "cuantas veces una prueba sea contradicha o resulte invalidada por otra, deja de certificar".

Cuando las pruebas no concuerdan entre sí, deberá buscarse la razón de la discrepancia, resolviendo la contradicción, si no fuese posible, deberá elegirse entre los datos contrarios.

Muchas veces las discrepancias, se reducen a puntos de vista diferentes, no contradictorios o se refieren a detalles secundarios. En cuanto a las coincidencias reales, se deberán a que las dos pruebas son conformes a la realidad o bien las dos son falsas y se enlazan por azar. La primera hipótesis se tornará más probable cuanto más numerosas sean las pruebas, así hasta llegar a la certidumbre. "El error es vario, la verdad es una". Es muy extraño que los errores de observación personal concuerden, por ello será útil tener en cuenta las observaciones independientes sobre un mismo hecho. Será sumamente improbable que el mismo error se reproduzca en pruebas muy diferentes, independientes y en caso de coincidencia se deberá a que poseen un fundamento común en la realidad. Por supuesto, deberá tenerse sumo cuidado en no confundir la simple coincidencia fortuita con la auténtica concordancia causal. Sólo existen concordancias verdaderas y probatorias entre las pruebas reconocidas como serias y que provienen de fuentes distintas. De dicha apreciación crítica surgirán las relaciones que, en definitiva, determinarán la culpabilidad o inocencia del acusado.

Deberá darse entonces la concurrencia activa de elementos objetivos y subjetivos, de modo tal que exista consonancia entre el resultado de la prueba y el convencimiento personal del juzgador.

Para arribar a ese convencimiento nuestro Código Procesal Penal de la Nación permite al juez elegir el medio probatorio que le resulte más adecuado conforme a su criterio. Así, en la búsqueda de la verdad real será la sana crítica la que guiará al magistrado hacia su descubrimiento, no reconociendo otras sujeciones que las que imponen la humana naturaleza y el ejercicio responsable de su función.

VI. Conclusiones

Lo hasta aquí desarrollado no constituye sino una apretada síntesis en torno a la evolución de la Ciencia Procesal en el campo específico de aquellos procesos intelectivos imprescindibles a quien tiene a su cargo la delicada tarea de juzgar. Su exposición condujo a la reflexión en torno a las implicancias que dichos procesos conllevan. Sabemos que la materia es más amplia, que la reflexión sobre algunos temas particulares podría dispersarnos hasta límites incompatibles con el objeto del presente trabajo, por ello tratamos de evitar tal disgregación, sin pecar tampoco por defecto. No obstante, a pesar de todas las limitaciones que el trabajo pueda presentar notamos que su elaboración nos permitió advertir el devenir de la Ciencia Procesal y los grandes avances que dicho conocimiento ha ido realizando, hasta conseguir plasmarlo en las normativas rituales vigentes. Por ello llegamos a admitir que, aunque el juzgar pueda ser apreciado como un verdadero "arte", no debe dejarse librado al azar ni ser considerado incompatible con la aplicación de ciertos principios racionales que nos aseguren tanto a nosotros como al juzgador recorrer el camino más adecuado, porque como señalara Nicolás Framarino de Malatesta en su obra sobre la Lógica de las Pruebas en Materia Criminal, "la lógica judicial es una ardua e importante ciencia, sin la cual el derecho penal en manos de la sociedad, sólo sería un látigo en manos de un loco".

  

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